LA PELEA DEL PUEBLO
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| Comunidad de Cocle distrito de Aguadulce el 30 de octubre de 2023. (Ramses Villarreal) |
La firma de un contrato ley que da una concesión por 20 años
prorrogables a la empresa canadiense para explotar la mayor mina de cobre a
cielo abierto, el Pueblo tiene 2 semanas en las calles, las protestas han
dejado varios heridos, decenas de detenidos, choques entre policías y
manifestantes y el cierre de carreteras importantes en todo el país.
Los motivos que más indignan a quienes se oponen al proyecto
son dos: uno, que el contrato parece haberse hecho a espaldas de la comunidad.
La ley fue debatida, aprobada y sancionada por el Gobierno en un tiempo récord:
solo en tres días. Además, no se le permitió a la gente consultar bien el
documento desde el principio y antes de que entrara a los debates. “La
plataforma no permitía descargar el documento, tampoco conocer las opiniones
que las personas vertían y mucho menos saber a dónde iba a parar lo que uno
pudiera opinar. No es hasta que este documento entra al primer debate en la
Asamblea Nacional que, a propuesta del diputado Juan Diego Vásquez, se logra
establecer una discusión con la participación ciudadana”.
Esto supone una violación al Acuerdo de Escazú, del que
Panamá es parte. Sobre todo, porque se necesitaba una mayor participación
ciudadana ante la continuación de un proyecto de esta magnitud. Se trata de una
mina de cobre de unas 12.000 hectáreas, ubicada en el Caribe panameño, en la
provincia de Colón, sobre el corredor biológico mesoamericano. Es decir, sobre
un área protegida.
Aunque la mina ya venía operando desde 1997, lo que hizo el
Gobierno fue aprobar un nuevo contrato por 20 años, que podría prolongarse
hasta 40 años más.
Por esto también preocupa su impacto ambiental. “En materia
de agua, ellos podrán desviar, retener y crear sus propios reservorios, desde
las fuentes hídricas naturales, poniendo en riesgo el agua para consumo de la
población aledaña y, en el futuro, de la posible ampliación de las fuentes para
el Canal de Panamá”
El proyecto, que operaba con un antiguo contrato, mantiene
seis investigaciones en curso por daños al ambiente, al patrimonio histórico y
a la administración pública, además de haber recibido 11 denuncias.
La relación con esta gran mina de cobre, la más grande de
Centroamérica a cielo abierto, no es nueva. El primer contrato para activarla
se firmó en 1997, pero fue demandado por el Centro de Incidencia Ambiental por
inconstitucional en 2008. En 2017, la Corte Suprema de Justicia la declaró
inconstitucional, pero no fue hasta 2021 que esta decisión fue publicada en la
Gaceta Oficial, la plataforma en Panamá que hace los documentos públicos y
oficiales, tras apelaciones presentadas por abogados de la empresa. Fue durante
este periodo, que Minera Panamá empezó a exportar cobre, en 2019.
El nuevo contrato se empezó a negociar entre la empresa y el
Gobierno en 2022 y no fue hasta marzo de 2023 que la gente lo conoció.
EL día 29 de octubre de 2023.
El presidente dijo al país que ha escuchado con respeto a
quienes se oponen al Contrato que nació en 1991, hace 32 años.
Cortizo Cohen afirmó que cree en la democracia y, “como
Presidente, entiendo el clamor de las voces que se manifiestan sobre el particular”.
A través de la participación ciudadana mediante el voto,
podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio
cumplimiento. “El pueblo es el soberano”, afirmó Cortizo Cohen.
También anunció que se estará elevando a Ley la prohibición
de la minería metálica a nivel nacional.
Mientras tanto, las calles siguen en pie de lucha al grito
de “Panamá no se vende”.
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